Es una medida recogida en el Convenio del Fondo Social de Viviendas (FSV) derivado del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
A través de este Convenio se constituye un fondo social de viviendas, que son propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura mediante su arrendamiento a aquellas personas que pierden su vivienda habitual.
Esta situación puede haber sido provocada por el impago de un préstamo hipotecario (hayan sido o no desalojadas) o como resultado de una dación en pago, y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social.
Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) es una de las entidades adheridas al Fondo Social de Viviendas por lo que pone a disposición de sus antiguos clientes un grupo de viviendas repartidas por el territorio nacional.
Las viviendas disponibles se ofrecen en régimen de alquiler social con precios que oscilan entre 150 y 400 euros mensuales, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos percibidos en la unidad familiar.
Toda la información sobre el Fondo Social de Viviendas se encuentra recogida en el Real Decreto-ley 27/2012 de 15 de noviembre.